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Lunes, 03 de Junio de 2019 09:41


 

Macrojuicio por estafar a la Seguridad Social con contratos falsos en una gestoría de Oliva

El juicio se realizará a principios de julio y se sentarán en el banco de los acusados el propietario de la gestoría y un funcionario 

Audiencia Provincial de Valencia donde se celebrará el juicio. Foto: Redacción.
 
El juzgado de Instrucción número 1 de Gandia ha tramitado diligencias por un presunto delito continuado de estafa, de falsedad en documento oficial y delito continuado contra la Seguridad Social, contra el propietario de una gestoría ubicada en Oliva por realizar supuestos contratos falsos a casi un centenar de personas de la Safor. También a un funcionario que trabajaba en estrecha relación con el propietario de la gestoría y que gestionaba directamente la tramitación de altas y bajas.
 

Precisamente, el juzgado también está tramitando diligencias contra ese centenar de personas, trabajadores, que firmaron los supuestos contratos falsos, por delitos contra la Seguridad Social y delito de falsedad en documento oficial. El macrojuicio se ha fijado para los días 2, 3 y 4 de julio en la Audiencia Provincial de Valencia.


Según las diligencias de instrucción, el propietario de la gestoría es también administrador y responsable de varias mercantiles de diversos sectores en las que tenía autorización para realizar altas y bajas de trabajadores, así como otras atribuciones. Ello le permitía una relación de confianza con los empresarios y su autorización para realizar las correspondientes altas y bajas en la Seguridad Social.

 

Supuestamente, el propietario de la gestoría, habría empleado ilícitamente su autorización en la Seguridad Social, abusando de la confianza de sus clientes, para realizar actas ficticias de supuestos trabajadores en sus empresas sin el consentimiento ni conocimiento de estos, con la finalidad de que ese centenar de personas pudieran obtener de manera ilegítima e ilícita una prestación o subsidio de desempleo, y en el caso de los extranjeros, lograr de este modo un contrato falso que les permita obtener, renovar o regularizar su situación administrativa en España, y todo ello, a cambio de una contraprestación económica. Los contratos ficticios los realizaba desde 2003 hasta en 80 centros de trabajo diferentes asociados a la cuenta de su asesoría.

 

 

 
 
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